La vivienda es un caramelo. Para muchos, lo es económicamente como inversión, pero vamos a verlo desde un punto de vista literal. ¿Y si la vivienda fuera exactamente un caramelo?
Supongamos que hay tres personas que quieren un caramelo y un empresario que posee uno. Este empresario está dispuesto a ponerlo a la venta. Lógicamente, en un sistema capitalista como en el que vivimos, el caramelo se lo quedará quien pague más y los otros dos se quedarán sin el dulce.
Ahora bien, si se decide colectivamente que todo el mundo debe tener un caramelo —porque así lo considera toda la población y acaba escrito en la constitución— y, a través del Estado, se reclama que todos tienen derecho a uno, entonces existen varias opciones:

1. Expropiación y reparto. El Estado cambia el modelo económico, expropia el caramelo del empresario que lo había producido, lo divide en tres partes y lo reparte entre las tres personas. Sin embargo, ninguna de ellas queda completamente satisfecha, ya que cada una quería un caramelo entero. Además, la empresa que los producía deja de hacerlo, pues ya no le interesa. Por lo tanto, es una solución bastante deficiente a medio y largo plazo.
2. Producción estatal de caramelos. El Estado empieza a producir caramelos. Si se ha decidido colectivamente que los caramelos son necesarios, entonces el sector público debe formar parte de dicho mercado y competir en él. Así, si hay tres personas que los desean y el empresario solo ofrece uno, el Estado fabrica más, logrando que todos puedan acceder a uno. Esto, además, fomenta la competencia y reduce los precios. En realidad, es una de las mejores opciones, ya que garantiza un suministro suficiente y una competencia real.
El problema de esta opción la vemos en la situación actual. Hay un caramelo para tres personas, el Estado no es capaz de producir más —o, si lo hace, tarda demasiado tiempo— y sigue dependiendo del sector privado. La situación sigue empeorando si la ciudadanía no logra poner a gobernantes con capacidad de producir más y mejor.

Volvamos al problema… El Estado sabe que el sector privado podría producir más caramelos. De hecho, la empresa tiene tres en su bolsa, pero el empresario se niega a ponerlos todos a la venta. ¿Por qué? Porque de los tres posibles compradores:
• Uno siempre paga puntualmente.
• Otro, en una ocasión, tomó el caramelo y no lo pagó.
• El tercero apenas lo probó y luego lo devolvió.
Ante este panorama, al empresario no le resulta rentable sacar más caramelos al mercado.
¿Qué dos caminos se pueden tomar?
1. Regulación para incentivar la producción. En este caso, el Estado llega a un acuerdo con el empresario para que venda más caramelos a cambio de ciertas garantías. Por ejemplo, el Estado podría proteger al productor, asegurar el pago de los compradores o regular el uso adecuado del caramelo. De este modo, el mercado funcionaría mejor incluso cuando el Estado no puede hacerlo por sí mismo. El Estado ejerce como intermediador de los intereses de ambos, favoreciendo que haya más caramelos, de la calidad adecuada y con garantías para ambos.
2. Regulación contra el fabricante de caramelos. En lugar de incentivar la producción, el Estado impone medidas coercitivas sobre el productor y lo acusa de ser el problema. «Los productores de caramelos son malísimos especuladores». No expropia el caramelo, pero obliga a su dueño a sacarlo al mercado a un precio fijo, protege únicamente a quien se queda el caramelo y no lo paga o lo devuelve en malas condiciones. También aumenta impuestos por mantener algunos sin vender. Además, le impone cargas fiscales elevadas por la producción de caramelos, lo que lo obliga a venderlos rápidamente para evitar sanciones.
Este tipo de regulación tiene efectos secundarios: el fabricante de caramelos empieza a producir con un coste mayor, ya que el riesgo de operar en estas condiciones se incrementa. Como se ha dificultado la producción de caramelos, el precio del caramelo sube en lugar de bajar, afectando a los consumidores y reduciendo la disponibilidad de caramelos en el largo plazo.
En definitiva, la regulación es una herramienta para hacer que el mercado funcione cuando el Estado es incapaz de suplir la demanda por sí solo. El verdadero problema surge cuando el Estado no puede ofrecer soluciones efectivas o aplica medidas que terminan encareciendo el caramelo en lugar de hacerlo más accesible con tal de culpar a otros y eludir su responsabilidad.
